En un contexto de innegable crisis hídrica como el actual, una discusión sobre la gestión de este tan valioso recurso es de las más complejas. Hay que partir del reconocimiento de que sin agua, no hay vida. Pero también, de que el capitalismo salvaje, no escatima ni se detiene ante el escudo que llamamos: derechos humanos. Quieren apropiarse del agua. No lo podemos dudar, tampoco.
Entonces, tenemos dos escenarios, que quizás se confrontan. Por una parte, hay que actualizar nuestra obsoleta legislación para dotar al Estado y a la ciudadanía de herramientas para la planificación y el mejor uso del recurso. Por otra parte, hay que evitar que los mercaderes del agua se apropien –más aún- de ella.
Hoy, tenemos sobre el tapete una propuesta de ley que fue presentada a la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo de iniciativa popular. Se recogieron alrededor de 180 mil firmas. Más allá del contenido del texto, esto refleja la preocupación de la población por el preciado líquido. El proyecto de ley presentado, tuvo un producto que está cercano a convertirse en el texto final. En él, se pretende declarar el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano (ver art. 2), se dota al Estado de herramientas para la planificación del recurso (ver el título II), se actualizan las multas y las penas (título VI), se prioriza el consumo humano frente a otras posibilidades (art. 15 y 100), se mejora la protección de caudal ambiental (art. 99), se legitiman las ASADAS (art. 61), se quita el fin de lucro de las sociedades de usuarios (art. 105), se crean consejos de cuenca para mejorar la participación de diversos sectores (art. 14 y 15), se regulan más y mejor las concesiones de agua de manera que solo se otorgarán hasta los límites indicados por la disponibilidad de agua en la medida de su explotación sustentable (ver capítulo III del título IV) y se declaran las aguas de dominio público, incluidas las subterráneas extraídas mediante pozos privados (art. 4). Esas mejoras, si bien pueden ser un gran avance para algunas personas y apenas un pequeño paso para otras, son eso: mejoras.
Las principales oposiciones al proyecto, vienen de dos sectores: el primero que pierde el status quo que le ha permitido el goce y disfrute del recurso hídrico para actividades privadas prácticamente de gratis y sin mayores controles y, el segundo, que considera la iniciativa como privatizadora y digamos que politizadora, al concentrarse las competencias sobre una parte del recurso hídrico en el Ministerio de Ambiente.
Ante estas opiniones, se han hecho muchas aclaraciones. La primera de ellas, consiste en hacer notar la contradicción: un sector se opone por la afectación de sus usos privados y privatizadores, mientras que el otro basa sus argumentos en la flexibilización que permitiría la privatización. Luego, se ha señalado en múltiples ocasiones la distinción entre un “bien económico” del dominio público y uno que sí esté dentro del comercio. Se ha insistido, en el aumento de requisitos y condiciones para obtener concesiones y en cómo no se podrá lucrar con estas. Esto, quizá despierta preocupación de los sectores privados que aprovechan el recurso, sin embargo, ante la necesidad de agua y el riesgo que corre: deberán soportar la obligación de cumplir con los mayores niveles de exigencia. Eso no puede significar que no se deba permitir el uso de agua para privados, pues la producción, toda ella, es dependiente de este recurso. Eso sí, debe regularse y controlarse de manera estricta para detener los abusos que se han venido dando.
Las voces que acusan de privatización, realmente, no tienen de qué temer. La Nueva Ley de Aguas cierra los portillos en ese sentido. El abastecimiento no será mercantilizado sino que se reserva al Estado y se rige por los principios del servicio público, y lo más importante: el precio del agua que nos llega a casa, no se regirá por la oferta y la demanda, seguirá siendo al costo, como hasta ahora. El uso prioritario, siempre será el consumo humano, no primero las empresas y luego las personas, como se ha dicho equivocadamente. Las ASADAS no serán cooperativas, las sociedades de usuarios no serán ASADAS. En cuanto a la politización de las concesiones, debe tenerse en claro que todas ellas, incluidas las de usos agropecuarios las da el Poder Ejecutivo: la Presidencia de la República con el Ministerio del ramo. Todas ellas, también, deben ser conformes a la ciencia y la técnica (art. 16 de la Ley General de la Administración Pública) o, de lo contrario, serían ilegales. Además, a las concesiones se les aumentan las consideraciones técnicas y se pasa de una autorización genérica al Estado para dar el agua en concesión (art. 19 de la Ley N°276) a un mecanismo mucho más complejo.
Hay muchos temores, claro. Estamos hablando del agua, lo más preciado que tenemos. Sin embargo, muchos de esos temores se fundan en interpretaciones aisladas, equivocadas y, por qué no admitirlo, a veces tendenciosas y malintencionadas. La iniciativa de ley, si bien no es perfecta, al corregírsele las modificaciones a las áreas de protección (art. 29 y 30) y la legalización de las invasiones (transitorio XI), se convierte en una opción viable, sin ninguna regresión y con avances considerables. Además, lo más importante: es una propuesta que no permite la apropiación ni la comercialización del agua. Los intereses políticos y económicos, no pudieron dar ese golpe.
No permitamos que esta oportunidad de avanzar, aunque sea un poquito, se nos vaya como el agua, por entre los dedos. No impidamos que el Estado (a través del MINAE) pueda dictar política pública al respecto del recurso hídrico, pues de lo contrario, seguiremos promoviendo la política privada que mercadea (desde hace mucho) con nuestra vida. Pero, sobre todo, no minemos las posibilidades de coincidencia de los sectores progresistas, que con o sin nueva ley, tendremos que acompañarnos en las luchas comunitarias y nacionales por el agua y el resto de recursos naturales, cada vez más escasos.
Sofía Barquero Mata
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