En mayo del año en curso, desde nuestro Despacho Legislativo, pusimos una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) tras una mortandad de peces, supuestamente, ligada al uso de los agroquímicos de la Finca Piñera Santa Rosa, en Santa Rosa de La Rita, Pococí de Limón.
En la investigación realizada por el TAA se logró comprobar la existencia de una serie de inconsistencias en la aplicación y el uso que la finca piñera le da a los agroquímicos propios de este tipo de plantaciones. Por ejemplo, la Dirección de Agua del Minae afirma que tras la comparación de muestras de agua tomadas aguas arriba y aguas abajo de un canal proveniente de la finca, que desagua en una quebrada cercana, se puede constatar que hay un aporte de agroquímicos por el canal madre de la empresa. El mismo Departamento señala que existe una afectación a la calidad del cuerpo de agua y una posible afectación a la flora y a la fauna del mismo.
Aunado a lo anterior, el TAA considera en su resolución que se encontraron agroquímicos que, dependiendo de la intensidad con la que se apliquen, pueden llegar a ser de alta toxicidad y que además, de conformidad con lo señalado por el Servicio Fitosanitario del Estado, no están autorizados para ser utilizados en piña. Esta situación, despierta la especial preocupación del Tribunal, pues existe una resolución de la Sala Constitucional que prohíbe a la empresa el uso de agroquímicos que sean de una toxicidad superior a la muy baja, debido a que la plantación piñera, según lo que dispone el TAA, se encuentra ubicada en el área de recarga de los pozos que abarcan a la población de Santa Rosa de Pococí.
A partir del análisis de las situaciones descritas, el Tribunal Ambiental resolvió ampliar la investigación y ordenar como medida cautelar a la empresa, abstenerse de realizar cualquier actividad de uso o manipulación de agroquímicos dentro del área del proyecto, para evitar así, que se exponga la salud del ambiente y la salud de las personas de la comunidad de Santa Rosa.
Considerando lo ocurrido, celebramos la adopción de ésta medida por parte del Tribunal, la cual, permitirá evitar posibles afectaciones de difícil o imposible reparación para el recurso hídrico que abastece a más de 600 personas habitantes de la comunidad. Si se llegara a materializar ese daño, no cabe la menor duda, de que ésta comunidad podría estar sufriendo situaciones que atenten contra su derecho fundamental de acceso al agua en calidad y cantidad suficientes y se podría estar repitiendo la historia ya vivida en comunidades vecinas, como el Cairo y Milano de Siquirres, donde el escenario de la repartición de agua con camiones cisterna, es cotidiano.
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