Luis Paulino Vargas Solís
Desde hace meses vengo leyendo (y escuchando) críticas muy encendidas contra el proyecto del agua. Yo, la verdad, no tenía una posición formada sobre el tema, aunque sí me preocupaban los graves defectos que se le atribuían. Ya para entonces, sin embargo, algo en tales cuestionamientos me generaban mucho malestar: los encendidos ataques personales en contra de quienes lo promovían, en muchos casos personas que respeto mucho. A mis ojos eso desacreditaba –y no poquito –los cuestionamientos planteados. Y no solo por el atropello gratuito a esas personas. También, y de hecho más importante, por las rajaduras y resentimientos en los sectores progresistas y de izquierda que ello provocaba –y hasta el día de hoy– lo cual reedita una vieja historia en las izquierdas costarricenses: los círculos viciosos autodestructivos, que imposibilitan el avance de ninguno proyecto progresista viable y facilitan que la hegemonía neoliberal y conservadora conserve plena vigencia.
Un buen día me senté a leer el proyecto. Y de entrada me llevé una gran sorpresa. Es que una de las críticas reiteradísimas que yo había leído, era la que afirmaba que se había eliminado la disposición de que el agua debía estar disponible “en cantidad y calidad adecuadas” ¡¡¡Pero si precisamente ÉSO es lo que se dice en el primer artículo del proyecto!!! Un enorme signo de interrogación se me pintó en mi cabeza a partir de ahí, el cual iba más allá del disgusto provocado por la degradación –por completo innecesaria– hacia el insulto personal.
He seguido leyendo los cuestionamientos, y noto que hay como una especie de explosión demográfica. Se multiplican fuera de todo control. Sobre todo es llamativo el intento por construir escenarios apocalípticos y de catástrofe, que se asegura serían las consecuencias derivadas de ese proyecto, especialmente en relación con el concepto de “bien económico” mencionado en un inciso del artículo 2. Una vez traspasado ese umbral, resulta imposible tomarse en serio lo que se diga.
Muchas críticas son jurídicas. No puedo opinar al respecto. Acaso sean valederas. Acaso no. Que lo digan los expertos. Los cuestionamientos en cuanto al contenido del proyecto muchas veces se reiteran alrededor de cuestiones totalmente opinables (por ejemplo: ¿qué es mejor? ¿Que la gestión del agua esté en manos del MINAET o de SENARA? Hay que ser superlativamente “carga” para dar una respuesta concluyente, puesto que SENARA mismo no tiene, ni de lejos, un historial impecable). Como ya lo adelanté, el ataque se centra en los conceptos de “valor económico” y “bien económico”, sin los cuales no quedaría mucho por decir y de donde surgen apocalípticas predicciones de mercantilización y privatización del agua.
Aclaremos: “bien económico” y “mercancía” no son necesariamente conceptos sinónimos. Lo ilustro con el siguiente ejemplo: las papas producidas por una campesina para el consumo suyo y de sus dos niños ¿es un "bien económico"? Sí, claro que lo es porque su producción conllevó trabajo humano y uso de diversos insumos y herramientas. Hay costos de producción y hay una actividad económica que hace posible disponer de las papas que nuestra campesina y sus hijos consumirán. Ese "bien económico" llamado "papas" ¿es una mercancía? No, claro que NO. Es exclusivamente un "valor de uso" siendo también un "bien económico". No es "valor de cambio"; no es mercancía; no se vende en el mercado. O sea: "bien económico" y "mercancía" no necesariamente son lo mismo. De hecho, por milenios la humanidad produjo “bienes económicos” que solo excepcionalmente se transformaban en mercancía, cuando en su mayor parte eran simplemente valores de uso compartidos, regalados o simplemente distribuidos para atender diversas necesidades humanas, sin que nunca adquiriesen estatus de mercancía.
Ahora bien, ¿decir que el agua es un “valor económico” y “un bien económico” la transforma en mercancía? Veamos.
Primero que nada, una precisión: en rigor no es correcto decir que el agua es un derecho humano. Lo que es un derecho humano es la provisión de agua “en cantidades y de la calidad adecuadas”. Lo cual inmediatamente advierte acerca del hecho de que garantizar ese derecho conlleva costos: trabajo humano; materiales, equipos, instalaciones, laboratorios, etc. Inevitablemente hay un “valor económico” que hace que el agua sea un “bien económico” en el sentido de que su provisión conlleva costos.
Que sea un bien económico no significa que sea mercancía. De ninguna manera. Significa que es ineludible cargar un precio o tarifa sobre el agua, lo cual no excluye la posibilidad de subsidiar a los más pobres. Nada obliga a que ese precio conlleve ganancia en sentido capitalista, ni que resulte de un proceso productivo donde se generó “plusvalía”, si es que se prefiere expresarlo en términos marxistas. Ese precio o tarifa debe reflejar el costo promedio de llevar un litro de agua al tubo de la casa, incluyendo la depreciación más un plus que financie las inversiones para mejorar y ampliar el servicio, preservar mejor el agua, etc. Y ni un céntimo de ganancia capitalista.
Hay quienes agregan que el reconocimiento de un costo económico es también una forma de visibilizar la escasez del agua. Creo que aquí hay un error, porque ello conlleva la idea (propia de la economía neoclásica) de que los precios son indicadores de escasez y cumplen una función de racionamiento. Si bien en otros casos eso puede ser correcto, no lo es en el del agua ya que implicaría admitir incrementos de precios cuando por alguna razón el agua escasee.
Eso es inaceptable desde el momento en que se reconoce el agua como derecho humano, pero además innecesario en el tanto existan los mecanismos políticos adecuados. Serán éstos últimos los que se encarguen de racionalizar el consumo de agua, desde dos criterios estrechamente relacionados: a) el agua como derecho humano; b) la prioridad del consumo humano. Felizmente ambos criterios están claramente estipulados en el proyecto, de una forma tal que delinean sin equívocos el espíritu que, en lo fundamental, lo anima. Por ello mismo, y más allá de las fantasiosas historias de terror construidas alrededor del concepto de “bien económico” y todo el simplismo exacerbado que pretende reducir el proyecto a ese solo y aislado inciso, esa racionalidad de fondo de la propuesta, hace sumamente arduo y difícil ningún intento de privatización y mercantilización del agua.
No discuto una cosa: este proyecto pudo haber sido mejor de lo que es. Y, en efecto, hay cuestionamientos que son válidos, aunque éstos no alcanzan a subvertir ese espíritu fundamental que le anima. Por ello creo que es mejor aprobarlo que no aprobarlo. Difícilmente se logrará, en muchos años, aprobar otra ley del agua cuanto menos equiparable con esta. Pero si se aprobase, de inmediato debe empezar la lucha para enmendar lo que requiere corrección y mejora.
Deje su comentario u opinión