PH San Rafael: calvario burocrático contra la defensa del ambiente

En la comunidad de San Pedro de Pérez Zeledón, la empresa Grupo H Solís, pretende la construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, sobre el río que lleva el mismo nombre que el proyecto. Sin embargo, la oposición comunitaria crece al amparo de una gran cantidad de irregularidades en la tramitación de los permisos de la empresa y la complacencia, absurda e infundada de la Administración Solís-Rivera. Solamente en cuanto a las acciones que hemos emprendido y acompañado desde nuestro Despacho Legislativo, sumamos una gran cantidad de irregularidades detectadas, que se resumen en:

En el informe sobre participación ciudadana en la SETENA se concluye que la comunidad está de acuerdo. Sin embargo, al revisar el expediente de la concesión de aguas y de la concesión de servicio público, se encuentran folios y folios donde consta la oposición de una gran cantidad de personas vecinas e incluso, de las Asociaciones de Desarrollo Integral de las comunidades dentro del área de influencia del proyecto.
La viabilidad ambiental se da condicionada a la presentación de un decreto de conveniencia nacional, que ni siquiera se había empezado a tramitar al momento en el que se emitió la resolución y no se indica un plazo para su presentación.
Se presentó una solicitud de nulidad del permiso ambiental y tanto SETENA como el Ministro de Ambiente la rechazaron, aplicando el plazo de las revocatorias y las apelaciones, es decir, en contra de lo establecido en la Ley General de la Administración Pública para las nulidades, a las que se les otorga un plazo de un año y no de tres días.
La concesión de aguas fue otorgada sin resolver una solicitud de archivo del expediente que se encuentra aún pendiente. También, en la resolución que otorga la concesión, el Ministro de Ambiente declina su deber legal de fiscalizar el cumplimiento de la legislación ambiental y afirma que la verificación de si el proyecto invade el área de protección del río San Rafael, es competencia del SINAC y no de él, a pesar de que el SINAC es su inferior jerárquico y en consecuencia, está bajo la dirección del señor Ministro.
Se ha intentado presentar una solicitud de nulidad contra la resolución de la concesión de aguas, sin embargo, en el Ministerio de Ambiente, personas que no cuentan con la investidura necesaria para hacer examen de admisibilidad, lo rechazan sin siquiera darle trámite, por razones absurdas y distintas. La versión en físico del escrito fue rechazado porque no llevaba un oficio de referencia, a pesar de que se indicaba el asunto, el número de expediente y la resolución cuestionada. Este requisito fue un invento de una persona en ventanilla, que devolvió el escrito con un Post-It. La versión en digital, fue rechazada por la secretaría del Despacho de Ministro, alegando que debe presentarse en la Dirección de Aguas, a pesar de que va dirigido al Ministro, quien es la única persona competente para otorgar y quitar concesiones, según la Ley General de la Administración Pública.
Hemos consultado sobre el estado del trámite de la declaratoria de conveniencia. Para enero de este año, Casa Presidencial confirmó que no existía trámite alguno. Hace unas semanas reiteramos la consulta y Casa Presidencial la remite al Ministerio de Ambiente, omitiendo dar una respuesta clara al respecto.
El próximo 31 de octubre, se vence el plazo de vigencia de la carta de entendimiento entre el ICE y el Grupo H Solís, mismo que ya agotó las prórrogas posibles, según el acuerdo bilateral entre el Instituto y la empresa. Ese día, la empresa tiene que haber demostrado que cuenta con todas las concesiones necesarias y, además, que tiene derechos sobre todos los terrenos necesarios para la construcción del proyecto. Sin embargo, a la fecha, la concesión de servicio público de la Aresep se encuentra archivada y no existe decreto de conveniencia nacional que dé derechos a la desarrolladora para talar dentro del área de protección.

Esta tarde, hemos enviado una carta a Luis Guillermo Solís Rivera y a Edgar Gutiérrez Espeleta, presidente de la República y ministro de ambiente respectivamente, poniéndolos en autos sobre las irregularidades detectadas. Si se otorga vía exprés la declaratoria de conveniencia nacional sin cumplir con un estudio de costo-beneficio que incluya el costo social del proyecto, podríamos estar repitiendo la historia de casos como el de Crucitas.

A Carlos Obregón, Presidente Ejecutivo del ICE, le enviamos una nota, también, solicitándole que el 01 de noviembre aplique la carta de entendimiento y declare expirado el compromiso del ICE con la empresa, si en ese momento, ésta no ha sido capaz de presentar todos los requisitos legalmente establecidos. Es decir, le solicitamos que cumpla con su deber de dar seguridad jurídica y actuar en beneficio del interés público.

Desde el Frente Amplio, confirmamos nuestro compromiso con estas comunidades y nos comprometemos a acompañar las vías legales hasta las últimas consecuencias, hasta lograr que se resuelva en estricto apego al marco normativo y que se sienten las responsabilidades civiles y penales, según corresponda.