Este servidor, antes de ser diputado, fue y será ecologista. La lucha en defensa de nuestra Madre Tierra ha inspirado nuestros quehaceres desde hace ya muchos años. En especial, la protección de nuestra agua nos ha llevado a emprender luchas como la de Crucitas, a caminar junto a las ASADAS, y más recientemente, a alzar las banderas en defensa del agua de Limón, amenazada hoy por la eventual operación del Tajo Asunción, en las cercanías del río Banano.
Dentro de nuestras luchas, consideramos importante hacer un esfuerzo para aprobar el proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, expediente legislativo N°17742, que además es tramitada por la vía de la iniciativa popular. Tomamos esta decisión en consecuencia con esas luchas que hemos venido dando. La propuesta contiene obligaciones de garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el agua, procura priorizar el abastecimiento poblacional por encima de otros usos, declara el agua en cantidad y calidad adecuadas como derecho humano y la reivindica como bien de dominio público. Además, da instrumentos que permiten una mejor y mayor planificación de la gestión del recurso, que responden a una realidad de crisis climática e hídrica como la actual. Por otra parte, dentro de los beneficios del proyecto de ley, destacamos la actualización de los cánones que pondrán a pagar a las empresas que hoy aprovechan el agua, lo que realmente vale.
Por supuesto que no es una ley perfecta. Hay muchas cosas que nos habría gustado mejorar, pero somos conscientes de que, frente a las otras Fracciones y fuerzas políticas, no podíamos tener una ley únicamente a nuestro gusto. Hay que negociar y saber ceder, si con ello se consigue un avance en la protección de nuestra agua. A pesar de ello, haciendo un balance entre lo positivo y lo negativo, seguimos creyendo que la nueva Ley de Aguas, si bien es imperfecta, es mucho mejor que los instrumentos con los que contamos actualmente.
Rechazamos absoluta y contundentemente que sea una ley privatizadora del agua, ni que tienda a beneficiar a intereses privados. Tan es así, que los Partidos neoliberales han evitado aprobar la propuesta y las cámaras empresariales se han opuesto férreamente. ¿Por qué lo harían si fueran a salir beneficiadas? La iniciativa beneficia la protección del recurso hídrico, nada más.
El trámite de esta iniciativa de ley en el Parlamento ha sido tortuoso. Hay muchos intereses de quienes lucran con el agua y de quienes no aceptan las obligaciones para la protección del recurso que promueve esta propuesta de ley, que han puesto cuesta arriba la ruta. También, hay que reconocerlo, los grupos ambientalistas y ecologistas han estado divididos. Están mucho más preocupados por atacarse mutuamente, que por promover los avances de la legislación que protege el agua.
Urge, que recordemos las luchas compartidas. No vayamos a creer que desde la trinchera de la Asamblea Legislativa vamos a traicionar lo que, incluso arriesgando la vida, hemos defendido. Podemos estar en desacuerdo, ¡claro! Lo que es inaceptable, es ignorar los caminos recorridos y que caigamos en mentiras, tergiversaciones y acusaciones totalmente alejadas de la realidad, con el único objetivo de destruirnos y destruir el esfuerzo de tanta gente. Si vamos a disentir, hagámoslo; pero tratémonos a la altura de las luchas que hemos dado en conjunto.
Actualmente, estamos a la espera. Realizamos una consulta ante la Sala Constitucional porque consideramos que la forma en que se ha venido tramitando el proyecto violenta el principio de iniciativa popular de la ley. Ese proyecto no tiene que estar, ni debe ir, a ninguna Comisión. Debe mantenerse en Plenario y votarse en una sola sesión, tal y como lo manda la Ley de Iniciativa Popular.
Cuando presentamos esa consulta, en el escrito consignamos de manera incorrecta que el Plenario se había ya pronunciado sobre ese Proyecto, cuando en realidad lo que había era una posibilidad de que eso sucediera. Ese error fue de inmediato corregido cuando se detectó. En todo caso, la consulta tenía que ver con dos temas más, además de ese. El Tribunal Constitucional tomó la decisión, -a nuestro juicio equivocada-, de rechazar la consulta. Planteamos una solicitud de aclaración, y estamos aguardando que se nos señale la ruta procedimental para el camino que le falta recorrer a una de las propuestas de ley más importantes de nuestros días. Esperamos la aclaración para enderezar el andar de este proyecto y que la ley avance a paso firme.
¡Urge proteger el agua! Por ello actuamos, con total transparencia, en apoyo de la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico y esperamos que cada uno de los sectores representados en la Asamblea Legislativa asuma su responsabilidad de asegurar el abastecimiento del agua para las presentes y futuras generaciones.
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