El compromiso del Frente Amplio se renueva. Desde nuestras trincheras, -y en el marco de nuestras posibilidades-, estaremos siempre defendiendo nuestra soberanía alimentaria, el acceso a los medios de producción, a los créditos.
Estaremos, en nuestro Partido, luchando con el campesinado para el reconocimiento y el respeto de su condición humana, tantas veces olvidada por las propuestas mezquinas, que ven en ellos y ellas solo cifras, y no vidas.
En el marco de la conmemoración del día de la lucha campesina y recién pasado el 11 de abril, no podemos dejar pasar esta reflexión sobre el nuevo filibusterismo y cómo afecta al campesinado costarricense.
Tenemos, por una parte, las constantes amenazas de desalojo por todo el país, porque aquí se puede sembrar piña sin permisos, pero no se puede tener una pequeña parcela para la agricultura familiar. El Estado no le da tierras a nuestros campesinos y campesinas, pero sí permite piñeras y naranjales en tierras del dominio estatal, como la milla fronteriza norte, que a la vez es Refugio de Vida Silvestre, como han denunciado hasta el hastío nuestros compañeros y compañeras de Upala y Los Chiles.
Sobre desalojos, conocemos particularmente cerca el caso de la finca Chánguina. Allí se encuentra establecida toda una comunidad y cada una de las más de 70 familias usa la tierra para producir sus alimentos. Sin que al Poder Ejecutivo le tiña el corazón la deplorable situación que estas familias viven, la jueza Lorena Montes de Oca ordena el desalojo. Mientras, el mismo Poder Ejecutivo que no cumple órdenes de clausurar piñeras o, como en el caso de la procesadora de pollos IBÉRICO, en Grecia, desconoce la aplicación de la legislación ambiental, cuando se trata de desalojar a las familias productoras, ¡sí cumple! Cumple, para beneficiar a un tagarote que tiene más de 500 millones de deudas con la Caja, que le debe miles de millones al fenecido Banco Anglo y, además, que promueve la criminalización de la protesta social, demandando a mi compañera Patricia Mora y a Daniel Villalobos, líder de esta lucha. ¡Ahí sí hay Estado, en contra del campesinado!
Hay Estado, para promover el acceso (¿y con ello la apropiación?) de nuestros recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, es decir, a nuestra riqueza biológica y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas (sin consultarles). Pero, estamos esperando soluciones concretas desde hace semanas, para las personas productoras de frijol, que no tienen mercado, a pesar de que nuestro país es un gran consumidor. No tienen dónde vender, porque el Poder Ejecutivo permite la importación a pesar de que la producción nacional no se ha agotado. Esto, gracias a los tratados de libre comercio y de inversión que se siguen tramitando casi que, como vías rápidas en la Asamblea Legislativa, con silencios cómplices de la prensa, que hace muy bien su trabajo de desinformación masiva.
La lista de afrentas, unas más sutiles que otras, contra la gente que produce nuestros alimentos, es interminable. El Estado se debate entre la complicidad y la iniciativa en esta lucha interna. Con ello, nuestros campesinos y campesinas tienen que enfrentar al filibusterismo que a veces, tiene rostro de tagarote con poder político y económico, también, puede que tenga rostro de monocultivo intensivo y extensivo que les desplaza de sus tierras y arrasa con los recursos naturales; es posible encontrarles también en los papeles de Panamá sobre evasión fiscal. El filibusterismo de nuestros días puede tener rostro de burocracia estatal, de incumplimiento de la legislación agraria o bien, de tratado de libre comercio o de inversiones. Con tantos frentes abiertos, la lucha es cada vez más difícil... ¡Pero aquí seguiremos la lucha!
