Las voces que anuncian un canal seco interoceánico, que atraviese nuestro país en la Zona Norte, suenan más fuerte desde noviembre anterior, cuando el Gobierno de la República anunció el inicio de las acciones tendientes a construirlo, y hasta le puso precio: 16 mil millones de dólares.
Esta inversión planificada corresponde a una ruta que ya ha sido trazada, que comunicaría un puerto en Santa Elena en Guanacaste y otro en Parismina, al tiempo que atraviesa los cantones de Upala, Guatuso, San Carlos y Sarapiquí. Sin embargo, esa ruta, que parece ya definida, ha sido trazada en ausencia de la evaluación ambiental correspondiente ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y de cualquier consulta participativa a las poblaciones dentro del área de influencia.
Un canal seco, que facilite el tránsito del comercio de costa a costa, puede ser una excelente alternativa para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones a lo largo y ancho de la ruta que se siga. Es una discusión que se debe dar y, si hay posibilidades, si hay viabilidad social y ambiental, se deben realizar los esfuerzos para llevarlo a cabo.
Lo que no se puede es repetir la historia. La costumbre desafortunada, en nuestro país, de dar viabilidades políticas por encima de las viabilidades sociales y ambientales. Así, una vez decidido que un determinado proyecto se va a llevar a cabo, la institucionalidad y la legalidad se terminan ajustando a ese compromiso previamente adquirido por los diferentes Gobiernos de turno y, de esa manera, se despiertan conflictos sociales y disputas jurídicas que tienen altos costos para las comunidades y las arcas estatales. Para muestra, algunos botones, como la “trocha” fronteriza, la ruta de acceso a la terminal de contenedores de APM Terminals y la mina de Crucitas.
Mientras se repita la misma receta de poner la carreta adelante de los bueyes, vamos a seguir teniendo los mismos resultados: proyectos que resultaban inviables, que no se llegan a finalizar y por los cuales el país termina asumiendo enormes costos económicos e incluso demandas en tribunales internacionales, sin recibir ningún beneficio. Además, se juega con la esperanza de las poblaciones a las que se les auguran mejoras en sus condiciones de vida. Eso no se puede seguir permitiendo.
Antes de definirse la ruta, conseguirse el financiamiento y plantear el proyecto como una esperanzadora propuesta a las comunidades eventualmente beneficiadas, es fundamental tener los estudios de impacto ambiental, que sean ampliamente difundidos y que se dé a toda la población efectivo acceso a ellos y a los mecanismos que correspondan para una amplia consulta popular.
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