Berta Cáceres fue una activista en defensa del ambiente y los derechos humanos, que se destacó por sus luchas a favor de las personas indígenas lencas de Honduras, a quienes reunió para emprender una campaña que logró con mucho éxito, retirar la represa hidroeléctrica Aguas Zarca propuesta por el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, que estaba planeada para construirse en el río sagrado Gualcarque. Esta obra se pretendía realizar sin consultar a los indígenas y pudo llevar a la suspensión del suministro de agua, alimentos y medicinas para cientos de personas lencas, violando con ello, sus derechos humanos.
En el primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, debemos volver a ver hacia adentro. Aprovechamos esta oportunidad para provocar una reflexión sobre el riesgo que implica, no allá en Honduras, sino en nuestro país, atreverse a defender a nuestra Madre Tierra. Aquí también hay persecuciones, amenazas y se infunde el miedo. En nuestro país, los grandes intereses económicos que proponen modelos extractivistas, al fin y al cabo, suicidas, repiten las estrategias aquí y en cualquier comunidad que implica una amenaza para sus mezquinos intereses.
Uno de los casos más emblemáticos es el asesinato del compañero Jairo Mora, que inspiró la apertura de una investigación sobre las responsabilidades del Estado costarricense en su muerte y la de otras compañeras y compañeros ecologistas. En ese marco, presentamos, junto a la compañera diputada Marcela Guerrero, una moción en la Comisión de Ambiente, que nos permita obtener más información desde el Poder Judicial, para determinar si nuestro Estado ha tenido responsabilidades en los asesinatos de ecologistas.
Si nuestro Estado es responsable, hay que denunciarlo en ese sentido. La violación de los derechos humanos, al punto de amenazar la vida misma, es inaceptable. Con la información que ha recabado la fecha la Comisión, es imposible determinar ninguna responsabilidad. En ocasión de Jairo Mora, la fiscalización ciudadana y desde la misma Asamblea Legislativa dio como resultado la condena de los asesinos. En el resto de casos, el escenario imperante es la impunidad.
Nuestro compromiso es hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance, para que nadie tenga que tener miedo a luchar por lo que cree en este país y, que quienes han dado su vida ya, no se pierdan en la memoria.
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