Quiero aclarar que las razones de mi gestión en procura de una solución definitiva a un grupo de familias de Caño Blanco de Guatuso, se sustentan en los principios de justicia y transparencia que siempre han motivado mi vida política y profesional, y en los siguientes elementos:
1. El origen del problema es consecuencia de una negligencia inaceptable. Una desobediencia a una orden judicial por parte del Minae, que no remedió oportunamente una falta cometida por un particular, sancionado penalmente por haber desviado un río. En su momento se ordenó al Ministerio que si el condenado no corregía el daño hecho, lo hiciera el Minae a costa de esa persona; es decir, lo que costara el arreglo que se requiriera, el Minae debía hacerlo y luego cobrárselo al infractor. Sin embargo, el Minae no actuó. Es evidente la responsabilidad estatal por la inacción. Estamos ante un caso excepcional, en el que la negligencia del Estado fue de tal magnitud que comprometió el futuro de un grupo de familias de una zona ya deprimida económicamente, como lo indican las estadísticas del índice de desarrollo humano para el cantón de Guatuso, que son de conocimiento público.
2. Las familias que se verán beneficiadas por la compra de fincas por parte del Estado, son alrededor de 53. Son familias que a lo largo del tiempo han dependido económicamente de las 10 fincas que se pretenden adquirir con los 7 mil millones de colones previstos, de los que se han presupuestado únicamente 2 mil millones en esta oportunidad. Por otra parte, en relación con la Sociedad Anónima que figura como propietaria, se debe considerar que por la inundación de su finca, las personas propietarias no pudieron pagar sus deudas. Por ello debieron buscar distintas alternativas, como una sociedad anónima, que les permitieran obtener más préstamos para hacer frente a sus necesidades de vivienda, transporte y estudio de sus hijos e hijas.
3. Las personas propietarias de estas tierras las destinaban a fines productivos, por lo cual, se endeudaron. Muchas de ellas, incluso, recibían Pago Por Servicios Ambientales que, tras la inundación, se perdieron, porque el bosque murió. Estas familias, al perder la posibilidad de producir, debieron endeudarse con otras entidades financieras, como es el caso de CONAPE, para poder hacer frente a sus necesidades y solventar las deudas de educación para sus hijos e hijas. Desde mi Despacho intentamos diferentes maneras de resolver la situación, ya fuera la condonación de deudas, la reactivación del Pago Por Servicios Ambientales, entre otras. Todas recibieron respuesta negativa. La única alternativa viable para que estas personas no quedaran en la calle, era la compra de sus tierras.
4. La totalidad de los 7 mil millones de colones constituyen un monto estimado con base en los precios de las fincas cercanas a la zona en el año 2008. El pago efectivo se hará después de que los peritos del Ministerio de Hacienda determinen el valor de las propiedades. Ya existen los estudios técnicos elaborados por el Minae, que establecen la aptitud de esas fincas para formar parte del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro. Se debe tener presente que si no hay presupuesto asignado, no se pueden iniciar gestiones de compra ni hacer los avalúos correspondientes. Las fincas a adquirir están debidamente censadas y con los debidos levantamientos topográficos. A pesar de que la cifra se considere muy alta, no hay que olvidar que fue la negligencia del Estado la que ocasionó el daño a estas familias. Basta con leer el Oficio ACAHN-SUG-J-286-11 del 28 de septiembre del 2011, dirigido al Tribunal Penal de San Carlos por parte del Minae, en el que le comunica que después de 13 años (1999-2011) "(...) no se ha realizado ninguna obra de enmienda o restauración a su estado original, a los trabajos de drenaje realizados en el año 1999 por parte del imputado..." (El destacado no es del original.)
5. Con una orden judicial tan groseramente desobedecida, es evidente que llevado este asunto por las personas afectadas al Tribunal Contencioso-Administrativo, la responsabilidad del Estado quedará plena y fácilmente demostrada. Conviene preguntarse si preferimos obligar a estas personas a continuar en el Tribunal Contencioso, ante quien podrían cobrar no solo el valor de sus fincas, sino todo lo dejado de percibir en los últimos 14 años, más lo que hubieran percibido de aquí en adelante si hubiesen tenido sus fincas habilitadas, todo ello en pago de los daños y perjuicios ocasionados. Además podrían cobrar, en concepto de daño moral, la angustia generada por la espera de 14 años, el verse involucrados en cobros judiciales, haber cambiado su estilo de vida, haber perdido posibilidades de estudio de sus hijos e hijas y un largo etcétera, todo inducido y provocado por la inoperancia del Estado.
6. En lugar de 7 mil millones, el Estado se expone al pago de entre 15 a 20 mil millones de colones; es decir, el doble o hasta el triple de lo que se pretende pagar y las fincas seguirían en poder de los particulares, sin poder agregárselas al Refugio Caño Negro. Conviene mencionar que en el oficio del Minae citado, también se expresa: "Actualmente, y luego de inspecciones realizadas al sitio (...) se concluye que la mejor recomendación técnica-ambiental, es dejar estas áreas inundadas tal y como están; ya que si se interviene el sitio, se creará un daño ambiental de mayores proporciones que afectarían hasta el comportamiento de las aguas de las lagunas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro". (El destacado no es del original).
7. La adquisición de estas fincas beneficiará a la sociedad costarricense en su conjunto por dos razones: por un lado, le ahorrará un monto muchísimo mayor de dinero al Estado, y por el otro, beneficiará nuestro ambiente porque se estaría reforzando nuestro ya debilitado Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, con la adición de terrenos que ya no tienen otro uso posible más que el de conservación.
Edgardo Vinicio Araya Sibaja.
Diputado
Frente Amplio.
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