Dos recursos de amparo, uno a favor de Evely Rafaela Saborío Vega y otro a favor de Luis Emilio Chinchilla Montero, ambas personas ocupantes de la Finca Chánguina, ordena a las autoridades recurridas “no ejecutar el desalojo (...) hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa”.
La Sala Constitucional le solicita al Ministro y el jefe del departamento de desalojos, ambos del Ministerio de Seguridad Pública, rendir un informe dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución.
Esto significa un respiro para que el Gobierno debe aprovechar para resolver por el fondo y de manera integral este conflicto interviniendo, por medio del INDER. Esta institución fue creada precisamente para solucionar los conflictos de tierras y la ley lo faculta para hacerlo mediante diversos mecanismos.
Desde nuestro Despacho estamos ofreciéndole al gobierno toda la ayuda y orientación legal necesaria para que se resuelva, esperamos que esta vez se dejen ayudar y aprovechemos esta pausa que está otorgando la Sala Constitucional.
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