Desde 2015, el Gobierno ha intentado promover en la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva Ley de Semillas, a la medida de la industria y en contra de las prácticas tradicionales del campesinado costarricense. Las semillas libres, son indispensables para la seguridad y la soberanía alimentaria. Por ello, desde el Frente Amplio, al lado de las organizaciones ecologistas y de personas campesinas, emprendimos la ferviente oposición a la iniciativa de ley.
Nuestra lucha desde la trinchera legislativa dio frutos y logramos un texto que entendíamos de consenso entre todas las Fracciones legislativas y la Oficina Nacional de Semillas. Sin embargo, se propusieron nuevas modificaciones al texto, mismas que van en contra de los acuerdos que fueron construidos durante meses de negociación. De ahí, que el proyecto de ley se encuentre entrabado en la corriente legislativa.
Como respuesta, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nos sorprende con el Decreto 40300-MAG, Reglamento de Registro de Variedades de Semillas. En dicho reglamento, se obliga a la certificación/registro de todas las variedades de semillas destinadas a la comercialización, sin que se diferencien por ejemplo, los usos comerciales campesinos e indígenas. Además, estaría obligando a que sean registradas y se deban certificar las semillas tradicionales, locales y criollas.
Estaremos articulando con las organizaciones ecologistas y campesinas para detener cualquier intención de limitar el uso tradicional de nuestras semillas, no permitiremos que se entregue la soberanía alimentaria a las empresas transnacionales.
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