Expediente 19500, presentado el 12 de marzo de 2015.
Se busca una prohibición definitiva de la exportación de aletas de tiburones en peligro de extinción, desincentivando la pesca de estas especies, aunque se justifique como incidental.
Se crea, además un Certificado de Trazabilidad, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo y que busca asegurar que la pesca de tiburón se ajuste al ordenamiento jurídico costarricense.
La iniciativa establece penas de cinco a sesenta días multa o de prestación de servicios de utilidad pública por actividades relacionadas con el aleteo de tiburón o por las violaciones a lo dispuesto en la presente ley.
Además, a las personas reincidentes en la comisión de este delito se les impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y las penas se aumentarán en un tercio si las conductas se realizan en las áreas silvestres protegidas.
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