El pasado 15 de diciembre, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental a la empresa Del Monte, para sembrar 494 hectáreas de monocultivo de piña en terrenos que incluyen humedales e importantes zonas arqueológicos. Dicha finca que se encuentran a tan solo 5km del humedal Térraba Sierpe, protegido por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas conocido como Ramsar desde 1995.
El otorgamiento de los permisos de siembra a la transnacional ha despertado gran preocupación y movilización de las organizaciones ecologistas y gran parte de la población. Es por esto que nuestra tarea ha sido revisar dichos expedientes de forma independiente en busca de irregularidades suficientes para solicitar la apertura de una investigación ante la Fiscalía General de la República.
Tras el análisis, encontramos que la Comisión Plenaria de la Setena, misma que otorga la viabilidad ambiental, pudiera estar incurriendo en el delito de prevaricato, en el tanto, la resolución que emiten es contraria a Derecho o fundada en hechos falsos. Por ejemplo, el permiso se otorgó en menos de un mes calendario, prescindiéndose de cualquier visita de campo, a pesar de que la Ley Orgánica del Ambiente exige a la Setena realizar una inspección en el sitio.
También, se otorga el permiso sin que se evalúe la posible afectación al humedal Térraba-Sierpe, lo cual pone en serio riesgo su conservación, particularmente, si se considera que Setena valida el uso de agroquímicos altamente tóxicos y peligrosos en la plantación, sin tomar en cuenta las condiciones hidrológicas de la región y con un estudio hidrogeológico plagado de inconsistencias, al igual que el estudio arqueológico que sirve como base para la aprobación de los permisos, a pesar de ser insuficiente.
Estas y otras irregularidades, han sido puestas en conocimiento del Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, con el objetivo de que sean investigadas para confirmar o no, que se esté incurriendo en el delito de prevaricato. Consideramos fundamental iniciar este tipo de investigaciones, pues en el pasado, en casos como Crucitas, ha quedado demostrado que es posible que los intereses de un sector lleguen a nublar la objetividad de las personas funcionarias públicas, por lo que no debemos quedarnos con las dudas en esta ocasión.
Este 5 de junio de 2017 en el marco del Día del Ambiente también no sumamos de las organizaciones sociales pidiendo al gobierno desestimar dar nuevos permisos para plantaciones de piña adicionales a las existentes mediante una moratoria a la expansión piñera, en cumplimiento de su promesa de campaña.
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