Publicación Diario Extra
Martes 28 de junio 2016
Edgardo Araya Sibaja* / Página Abierta
En los próximos días la Asamblea decidirá el futuro de la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, por lo que se han generado informaciones inexactas, tendenciosas, incluso falsas, que han despertado dudas. Desde el Frente Amplio hacemos algunas aclaraciones.
Privatización del agua. El agua seguirá siendo un bien de dominio público y se regirá por los principios de los servicios públicos. El proyecto de ley no plantea una posibilidad diferente ni se dejan portillos legales abiertos para que así ocurra.
Valor económico del agua. La prestación de los servicios públicos vinculados al recurso hídrico no es gratis. El valor económico permite reconocer ese esfuerzo. Adicionalmente, permite regular las concesiones de agua, y establecerles un canon para el financiamiento de un Fondo de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que buscará avances en cuanto a la progresividad de la protección del agua, esto no significa que el agua es una mercancía.
Áreas de protección y pérdida de tierras. Se ha venido atemorizando a los agricultores con la pérdida de tierras que implica la aprobación de esta ley. Sobre este aspecto es importante aclarar que a las áreas de protección se les pretendía disminuir, sin embargo, la Sala Constitucional señaló que no se puede sin estudios técnicos que lo justifiquen. Por lo tanto, la única vía es mantenerlas como se encuentran actualmente, con lo que a nadie se le afectaría.
Derecho humano al agua. El proyecto eleva a rango legal el derecho humano. De conformidad con la ONU, esto implica que el agua sea suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible. Estos principios pueden ampliarse y nunca disminuirse, de manera que esta iniciativa hace posible la progresividad en materia de derechos humanos.
Los proyectos de iniciativa popular no se pueden modificar en la Asamblea. ¡Ojalá fuera así!, pero no, la única diferencia que tienen éstos en relación con los proyectos ordinarios es el plazo para su votación, que por Ley es de dos años.
Desregular la exportación de agua. El proyecto establece una priorización donde se coloca en primer lugar el consumo humano, seguido por la seguridad alimentaria, el caudal ambiental y otros servicios públicos esenciales, de manera que los usos privados quedarían en el último de los lugares de las prioridades, además, en ninguna parte del proyecto se plantean flexibilizaciones.
El vencimiento del plazo de votación vicia el proyecto de inconstitucionalidad. La iniciativa popular está protegida por rango constitucional y el plazo es fijado por Ley. El tiempo límite para votar es un asunto de legalidad, no de la Constitución. Ahora, por tratarse de un derecho fundamental, no puede la disposición de una ley operar en contra de un derecho de rango superior. ¡El plazo no puede ir en contra de la iniciativa popular!
Sobre conexidad. Se ha dicho que la Sala Constitucional cuestionó la conexidad del proyecto aprobado en primer debate en relación con la propuesta de iniciativa popular. Esto es inexacto. Fue un voto de minoría (no vinculante) que lo señaló así, en relación con el artículo 29 del proyecto, referido a las áreas de protección, y señalado como absolutamente inconstitucional por el voto de mayoría (sí es vinculante). Por ello, el artículo debe suprimirse para que no pase a formar parte del ordenamiento jurídico costarricense.
El recurso hídrico es el bien más preciado en este país, especialmente, en épocas en que la crisis por el agua se agudiza. Sin embargo, el desorden en la gestión, como consecuencia de un marco normativo obsoleto, permite, por una parte, el desperdicio y, por otra, la escasez. Esta situación requiere de una atención inmediata, que no debe detenerse por intereses económicos de unas pocas personas.
Hacemos un llamado a la población para que se acerque a sus representaciones en la Asamblea Legislativa y les soliciten el apoyo a este proyecto de ley cuyo objetivo es la defensa del agua.
*Ecologista y diputado
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