En el Frente Amplio defendemos el derecho de toda persona a recibir servicios públicos de calidad, tenemos un compromiso con el acceso de la población a agua potable en la cantidad y calidad adecuadas.

Por ello, hemos propuesto e impulsado la reforma constitucional para declarar el acceso al agua como un derecho humano y ahora expresamos nuestra oposición firme ante la iniciativa de Ley 20.212.

El Proyecto de Ley de Recurso Hídrico (expediente 20.212) propuesto por el diputado liberacionista Juan Marín, responde a las exigencias de algunas Cámaras Empresariales, que se oponen a la necesaria actualización del marco normativo sobre recurso hídrico, ante la posibilidad de perder privilegios que la legislación actual les permite.

La propuesta de Liberación Nacional, apoyada por el PUSC y el PAC, es regresiva respecto al proyecto de Ley de aguas impulsado por iniciativa popular. El plan liberacionista pretende eliminar cualquier posibilidad de participación ciudadana en la toma de posiciones sobre el agua. También busca abrir portillos para que la producción agroindustrial goce de los mismos beneficios que los usos domésticos, en términos de trámites, permisos y precio del servicio.

El expediente 20.212 cuenta con el apoyo de diversas fracciones legislativas a pesar de que reduce los montos del canon que se debe pagar por el aprovechamiento comercial del agua, abaratando los costos de quienes lucran con el preciado líquido. La iniciativa verdiblanca, también pretende bajar los montos de las multas establecidas para actividades que atenten contra la calidad y la protección del recurso hídrico, limitando su goce por parte de toda la población. Esto, en relación con el proyecto de iniciativa popular, respaldado por más de 150 mil costarricenses.

El Frente Amplio, en congruencia con el carácter ecologista consagrado en su Estatuto, y su defensa histórica del uso del agua para consumo humano, llama a la población costarricense y a las organizaciones del movimiento ambientalista y ecologista a organizarse en sus territorios para proteger el recurso hídrico.

 Acompañamos este llamado e invitamos a la ciudadanía costarricense a hacer presión y rechazar iniciativas como la del proyecto 20.212. Debemos evitar que en temas de recursos públicos como el agua, se legisle a favor de grandes intereses económicos y se deje de lado a las comunidades.

Rechazamos vehementemente el proyecto de ley 20.2012 del PLN, y hacemos un llamado a actualizar la legislación sobre recurso hídrico, poniendo los intereses de las comunidades y el acceso de toda la población a agua potable como una prioridad. Permaneceremos atentos al trámite del proyecto liberacionista en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, nos opondremos a su avance e informaremos a las ciudadanía sobre el tema.