Los despidos masivos como solución

Los despidos masivos como solución

El mito de despedir a miles de personas para solucionar el déficit fiscal.

"Los trabajadores públicos y privados y el pequeño y mediano empresariado deben exigir explicación para lograr romper el mito que nos quieren inculcar"

Por Edgardo Araya, Jefe de Fracción, Frente Amplio.

Los mitos son relatos o cuentos fantásticos, como La Llorona, El Cadejos o La Segua,  que nuestros padres nos contaban desde niños como hechos verdaderos, y así lograban que a través del miedo hiciéramos o no hiciéramos determinadas cosas. Resulta que algunos sectores muy poderosos de nuestra sociedad, que nunca han contribuido con las obligaciones del Estado y que tienen mucha responsabilidad en el déficit fiscal que nos aqueja, inventan mitos para desviar la atención, asustar a la gente y que entonces trasladen la responsabilidad del problema a otros sectores sociales.

El acuerdo que firmó la alianza  PLUSC-evangélico-libertaria el 1 de mayo pasado en la Asamblea Legislativa incluyó el pacto para darle vía rápida a una serie de proyectos para “racionalizar el gasto público”; entre ellos el 19923.  El problema es que detrás de ese bonito concepto, -que todos compartimos-, se esconde un mito que alguna gente cree cierto, y nosotros desde el Frente Amplio queremos aclararlo, para que no se convierta en pesadilla para las personas trabajadoras y el pequeño y mediano empresariado.

"Cuando yo digo que la chancha es parda es porque tengo los pelos en la mano", es un refrán que me enseñaron en mi tierra sancarleña, que encierra la enorme sabiduría de nuestro pueblo: Para hablar seriamente sobre algo hay que tener pruebas concretas que nos amparen. Si decimos que el proyecto de ley 19923 "Ley para Racionalizar el Gasto Público” es parte de uno de esos mitos, es porque podemos demostrarlo.

Resulta que ese proyecto de ley, en su artículo 22, pretende modificar el artículo 7 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, para que en adelante diga:

 “Bajo condiciones económicas normales, el resultado primario del Gobierno central deberá ser superavitario, por lo menos en dos por ciento (2%) del Producto Interno Bruto.  Bajo condiciones económicas excepcionales, el resultado primario del Gobierno central podrá llegar al cero por ciento (0%) del Producto Interno Bruto, pero no podrá ser deficitario." 

Leído así todo parece bien. ¿Quién podría oponerse a que el Gobierno Central no fuera deficitario?

Basta con que profundicemos apenas un poco para darnos cuenta que cumplir lo que manda este inocente artículo, requeriría recortar de golpe 1,74 millones de millones de colones. ¿De dónde sacamos esa conclusión?  Muy fácil: Hay que pasar de un déficit del 3,8 % del PIB (Producto Interno Bruto) que tenemos hoy, a un superávit del 2% del PIB. Aclarando que el PIB es la suma de todo lo que producen en el país la totalidad de sus habitantes y empresas, para conseguir ese objetivo de recorte en nuestras circunstancias actuales, sin ingresos nuevos, tendrán que despedir a miles de personas trabajadoras del sector público. Con ello se afectaría enormemente el dinamismo de la economía, lo que generará una reacción en cadena que golpeará al pequeño y mediano empresariado en sus ventas.

Pero eso no se quedaría ahí. El recorte implica desmejora inmediata de los servicios públicos y eso es un problema que le importa a toda la sociedad.  Despedir policías implica menos seguridad; despedir funcionarios del MAG implica afectar los servicios para el agro; despedir guardaparques implica menos capacidad para defender nuestra ya deteriorada riqueza natural; despedir maestros implica peor acceso a educación y menos oportunidades para los menores; despedir funcionarios del Ministerio de Economía implicaría menos apoyo para las PYMES (pequeñas y medianas empresas). Estamos hablando de alrededor de 80 mil empleos que habría que quitar de un solo tajo y si se aprueba sería para  el próximo año. El proyecto no contempla ningún plazo largo de ajuste.  Aumentaría el desempleo a un 13,22 por ciento, cuando actualmente está en un 9,6 por ciento.

Hay que recordar que la alianza PLUSC-evangélica-libertaria acordó que no aceptarán discutir sobre impuestos hasta que no se voten estos proyectos de "contención del gasto". O sea, que al ajuste de esos millones de millones de colones no pueden ayudar ingresos frescos al Estado; sólo recortes.

En el fondo de este proyecto subyace el mito de que la culpa del déficit fiscal es del empleo público. Oculta que hay un sector muy poderoso de nuestra sociedad que además de saquear las finanzas públicas, ha logrado evadir, a lo largo de nuestra historia, el pago de lo que proporcionalmente a su riqueza deberían tributar al Estado.

Con este proyecto, presentado a la ciudadanía como mito disfrazado de solución, lo que esconde es la intención de la alianza Plusc-evangélico-libertaria de defender a los sectores más poderosos de este país para que no paguen impuestos; les deja el camino abierto para que se sigan llevando la plata a paraísos fiscales, para que sigan buscando a Mossack Fonseca (protagonistas de los Papeles de Panamá). Para lograr ese cometido no les importa que miles de personas trabajadoras y el pequeño y mediano empresariado paguen con su calidad de vida lo que ellos no quieren pagar.

Esa es la lógica de lo que aquí está aconteciendo y el Frente Amplio alza la voz y denuncia lo que está por ocurrir. Consideramos irresponsable aliarse para atender únicamente a los recortes.  Con sólo eso no se va a solucionar el déficit fiscal.  Tiene que haber aumento de ingresos a través de impuestos, que no deben pagar los sectores vulnerables y medios, sobre los que ya hoy recae el peso de la carga tributaria de nuestro país.

La propuesta de esta Alianza va en contra de lo que hemos venido planteando como una reforma fiscal justa, progresiva y solidaria.  Hay un sector de este país, poderosísimo, que no está pagando impuestos. Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario y los diputados evangélicos, deben explicarle al país el despido de miles de trabajadores y la oposición a que la clase rica de este país pague impuestos. Si dicen que no pretenden que se despida a nadie, entonces están en la obligación de explicar cómo se lograría el ajuste de más de 1,7 billones de colones. ¿Pretenderán aumentar los impuestos a los hogares de clase media y baja? ¿O reducir la inversión en infraestructura? ¿O pretenderá incumplir con el mandato constitucional que obliga a destinar 8% del PIB a la educación? Le deben una explicación a la ciudadanía. Si proponen un ajuste inmediato de 5,8% del PIB deben explicar cómo pretenden lograrlo.

Si no lo hacen, los trabajadores públicos y privados y el pequeño y mediano empresariado deben exigir explicación para lograr romper el mito que nos quieren inculcar.

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