El pasado 9 de diciembre, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) nos notificó la orden de suspender actividades relativas al uso de los agroquímicos, en el proyecto denominado Finca Piñera Santa Rosa. En la resolución del TAA, se indica que hay un canal madre de la empresa que desagua en una quebrada aledaña, adicionalmente, los análisis de aguas llevados a cabo, confirman que hay un aporte de agroquímicos que salen de la piñera.
Esta situación, tiene un antecedente en la Sala Constitucional de hace más de dos años, el 22 de noviembre de 2013, cuando se ordenó a la empresa Piñas Tropicales GAC S.A. (ahora Piña Fruit S.A.) suspender su actividad hasta tanto no cumpliera con una serie de requisitos, entre ellos, los permisos para la construcción de los canales de drenaje.
La empresa alegó haber sido notificada hasta diciembre de 2014, sin embargo, se logró demostrar en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que se tuvo oportuno conocimiento de la orden de la Setena, que en acatamiento de la resolución constitucional, solicitó la suspensión de las obras. A pesar de ello, la empresa piñera hizo caso omiso y continuó con sus actividades normalmente.
La situación descrita fue puesta en conocimiento de la Sala Constitucional por parte de los Despachos de los diputados Edgardo Araya Sibaja y Gerardo Vargas Varela, sin embargo, a pesar de que con la documentación aportada se podría haber demostrado la inobservancia de la orden emitida por el Tribunal Constitucional y la responsabilidad de la empresa, la mayoría de las personas magistradas (a excepción de los magistrados Gilberth Armijo y Paul Rueda) consideró que se carecía de legitimidad para señalarle a la Sala el posible incumplimiento que podría implicar, no solamente importantes daños ambientales, sino la afectación al recurso hídrico que abastece a más de 600 personas.
Es realmente preocupante este precedente. Nuestra Constitución Política, así como la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional, confirman que cualquier persona tiene legitimidad para actuar en defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esta ocasión, es la misma Sala la que está limitando nuestro derecho constitucional y con ello, está poniendo en riesgo la salud del ambiente y de las personas de la comunidad.
Deje su comentario u opinión